14 jul 2013

El gobierno hace todo lo posible por bloquear el autoconsumo fotovoltaico

El Gobierno ha dado a luz un cementerio nuclear, ha apagado las primas a las renovables, ha ideado impuestos nuevos contra las energías limpias, ha dicho en Bruselas no a la Directiva Europea de Eficiencia Energética y ha abandonado el consejo que gestiona la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Eso sí, lo que no ha hecho aún es aprobar un decreto de autoconsumo con balance neto. Que supondría un empujón espectacular al empleo porque hay miles de instaladores de renovables en España deseando salir de las listas del paro. Y hay miles de empresas y particulares que quieren ahorrar dinero produciendo y autoconsumiendo su propia energía limpia.

Todo ello sin prima, sin incrementar en un solo euro el déficit de tarifa, a coste cero para las arcas públicas. Que, por el contrario, recibirían los ingresos derivados de cualquier actividad vía impuestos, como sucede, por ejemplo, con las ayudas para la compra de coches. El propio Gobierno nos ha aleccionado una y mil veces con que esas ayudas públicas al sector de la automoción son un buen negocio para España. ¿Por qué no valen también para las renovables? ¿A quién molestan? (Leer más >)




La retroactividad que sufren 55.000 familias que invirtieron en el sector fotovoltaico español es una estafa más grave que las preferentes.

El Oligopolio Energético en Salvados “Oligopoly: el juego de la energía”

CONNIVENCIA ENTRE CLASE ECONÓMICA Y LA POLÍTICA

#Oligopoly2. El imperio eléctrico contra todxs. 

Fotovoltaicos: ¿las preferentes del Estado?

Lo consideran una expropiación. Algunos incluso hablan de estafa. Han invadido los tribunales españoles e internacionales en busca de lo que consideran “justicia”. Son los inversores fotovoltaicos. Entre ellos conviven multinacionales y fondos de inversión o de pensiones anglosajones, pero también miles de pequeñas familias que se sienten, dicen, igual que los afectados por las preferentes, pero con una diferencia, en este caso el responsable no es una entidad privada concreta, sino el propio Estado